La movilización de los profesores en contra del llamado proyecto de “carrera docente” del gobierno ocurre en un momento especial de la vida nacional. La lucha de los docentes ayuda impulsar las demandas populares por la educación. En medio de la crisis del régimen político, confronta las necesidades y aspiraciones de la mayoría con las miserias y traiciones de una minoría ínfima y corrupta. Por eso se trata de una batalla importante.
El proyecto del gobierno para la carrera docente no se diferencia de sus demás reformas. Digámoslo nuevamente: ha hecho una reforma tributaria para los grandes grupos económicos, educacional para los grandes sostenedores privados, laboral para los patrones, electoral para los partidos del régimen, etcétera. Ahora su plan de “carrera docente” se suma a esta letanía como la reforma para despedir profesores, para eliminar sus derechos adquiridos, para empujar a los maestros antiguos a la miseria de la jubilación, y para establecer un cuerpo docente sometido y disponible. Eso es lo medular del proyecto. Lo demás es una larga lista de agravios accesorios. Los aumentos de sueldo son condicionados y esquivos; la formación profesional es limitada y destinada al lucro de las empresas educacionales bien conectadas a los altos funcionarios del Estado. Se exigirá un título universitario y un rendimiento mínimo en la PSU que no valdrán nada, pues para trabajar como profesor se deberá cumplir con un examen “habilitante”.
Y en efecto, la “carrera” que el gobierno imagina para los profesores, es una larga competencia de evaluaciones, certificaciones y exámenes, para conservar su empleo o, eventualmente, avanzar un poco.
Muchas de las críticas al proyecto apuntan a sus motivaciones ideológicas. Así, se ha dicho que profundiza un modelo “individualista”, la “estandarización” de la educación, etc. Eso muy es cierto, pero no hay que olvidar que nada de esto es nuevo. El gobierno se limita a copiar a una política que comenzó a aplicarse en Estados Unidos, durante el período de Reagan en los años ’80, cuando se inició una ofensiva en contra del profesorado y sus conquistas que se escudaba, justamente, en las evaluaciones, certificaciones, las “rendiciones de cuentas”. Bajo el pretexto de mejorar la educación, se golpeó a los docentes. Y los sindicatos de maestros cayeron en la trampa: opusieron doctos argumentos académicos a la abolición de sus derechos y esperaron, en vano, la protección de los políticos del Partido Demócrata. Hoy, su situación es absolutamente desmedrada, al igual que la de los colegios públicos de Estados Unidos.
Los profesores chilenos no pueden dejar tomar en consideración esa experiencia, que es la base del proyecto del gobierno. Los docentes que son funcionarios de las corporaciones municipales, no pueden dejar de observar las condiciones laborales de sus colegas en colegios particulares subvencionados, donde práctica de las evaluaciones y controles es un arma predilecta de explotación usada por sostenedores.
Pues, los profesores no pueden olvidar que, ante todo, son trabajadores. El gobierno quiere hacerles creer que su proyecto sólo busca mejorar la educación. Quiere aprovecharse del idealismo de muchos maestros, de “la vocación de educar”, de su rol de “guías de la juventud”, para mantener a los docentes sometidos y ninguneados.
Un cambio en la educación no depende sólo de los profesores, del mismo modo que la educación, la formación intelectual, moral y física de niños, jóvenes y adultos no se realiza exclusivamente en la escuela. Elevar esa formación, que ocurre en las casas, en las calles, en los lugares de trabajo, constantemente y en todas partes, requiere de una transformación de la sociedad, del desarrollo de la conciencia. Las demandas populares por la educación que se levantaron con tanta fuerza en 2011 no pedían simplemente una reforma, sino apuntaban necesariamente a cambios reales, a un futuro distinto para las nuevas generaciones.
Hoy, en esta sociedad, regida por un sistema de explotación, dirigida por un régimen corrupto y caduco, la vocación de los maestros se manifiesta en la lucha por sus derechos, en educar a sus alumnos en la solidaridad, en la claridad, en la consecuencia. Y de paso, los profes de matemática podrán demostrar las cuentas falsas que saca el gobierno, los de lenguaje, podrán desenmascarar las falacias lógicas y la basura retórica del oficialismo, y… ¡qué decir de los de educación física!
La experiencia de diciembre pasado, en que se formó desde las bases una fuerte corriente por la dignidad docente, demuestra que esta batalla se puede ganar. El gobierno está debilitado políticamente, al igual que los representantes del oficialismo en la dirigencia del Colegio de Profesores. Ambos buscarán desviar la lucha, confundir, frenar. Esperan radicar la discusión en el Congreso, con los parlamentarios corruptos. No hay que hacerles caso. No hay nada que hablar allí.
El proyecto de carrera docente debe ser retirado. Las demandas más urgentes deben de los profesores deben ser atendidas. Son estabilidad laboral, condiciones laborales dignas, mejores sueldos y jubilaciones decorosas, incluyendo el pago de la deuda histórica. Se debe retomar la lucha por las reivindicaciones populares por una nueva educación, junto a los estudiantes y apoderados. Hoy, esas banderas no son simplemente un reclamo a las autoridades; son parte fundamental de las demandas de un Chile que se levanta en contra de la podredumbre de un régimen de ladrones y explotadores.
Por eso, significa tanto la consigna que levantan los docentes: ¡que la dignidad se haga costumbre!