El asesinato de Nelson Quichillao a manos de Carabineros demuestra la infamia que reina en este país. La movilización de los trabajadores subcontratados del cobre ha recibido como respuesta, en diversos puntos del país, la militarización de rutas y localidades, la persecución y la violencia. Como si fueran invasores en un país ocupado, las fuerzas policiales se abren paso a balazos y con la evidente intención de matar, como ha quedado comprobado en El Salvador.
El ataque no fue accidental, sino que preparado. En los días previos, los gerentes de Codelco habían creado las condiciones: sostenían que había peligro de “robos”, y que se debía aumentar la “seguridad” de las instalaciones. La calumnia precede al asesinato y es la base de la justificación legal que esgrimen los asesinos.
El ataque no es una excepción, sino una regularidad histórica. En 1966, durante el gobierno de la “Revolución en Libertad” de Eduardo Frei Montalva, el Ejército asesinó a seis personas que buscaban protegerse en el sindicato minero de El Salvador. Tal como entonces, el gobierno intentó culpar a los trabajadores desarmados de su propia muerte. Y tal como entonces, no faltaron quienes, en vez de defender a la clase trabajadora, pretenden darle un uso oportunista a los acontecimientos. ¿Cómo es posible que hoy haya voces que, sobre la sangre de un hombre que luchó, pretendan ahora presionar… ¡sobre el trámite legislativo de la “reforma laboral” del gobierno¡? ¡Qué inconciencia!
Los culpables deben pagar lo que hicieron. Los culpables son Carabineros, que actúa al modo de los paramilitares colombianos, fuerza mercenaria y privada de empresarios para romper huelgas, amenazar a trabajadores, sembrar el miedo, golpear, y matar.
Los culpables son los patrones, los empresarios, que se valen de la fuerza del Estado para sus intereses privados. Poca importancia tiene que, en este caso, esos empresarios sean funcionarios de una empresa estatal. Al contrario, es un agravante.
Culpable es el gobierno, que dirige a las fuerzas represivas, las alienta a actuar en contra de pobladores, estudiantes, obreros. Cuando se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones, finge congoja y busca descargar su culpa en el último eslabón de la jerarquía que él mismo encabeza. Se protegerá tras la justicia militar y los “pactos de silencio”, que no son otra cosa que el funcionamiento normal de los aparatos represivos. Este gobierno es culpable y nada nunca podrá borrar la sangre de sus manos.
Culpable es el orden burgués, un régimen compuesto por políticos corruptos, empresarios saqueadores, obispos hipócritas, medios de comunicación mendaces, jueces venales y dirigentes que traicionan a su clase. Es culpable toda esa trenza indecente que vive a costa del trabajo de los demás.
El mortal ataque en contra de los trabajadores es una maniobra desesperada de un régimen en crisis. Golpea a las luchas cuando son aisladas. Hoy, a los mineros. Ayer, a los profesores en el parlamento. El mensaje es claro, cuando no puede frenar las movilizaciones mediante el engaño y la manipulación, lo hará a balazos.
El pueblo responderá a este crimen. Frenará esta escalada violenta. Hay suficientes dirigentes honestos, hay suficientes obreros, pobladores, estudiantes que oponen su decoro a infamia de un régimen que quiere mantenerse vivo succionando sangre de chilenos.
Hay suficiente dignidad en este pueblo para emprender el camino de la unidad y las acciones necesarias para imponerse al frenesí de un régimen moribundo. Una de esas acciones, que ha cobrado fuerza en las últimas semanas es la de gran un paro nacional con el que el pueblo golpee la mesa y les señale a los culpables que no tolerará que sigan matando.
El pueblo sí responderá; lo hará con unidad, dignidad y lucha.